LA NATURALEZA REAL DE LA AMENAZA

Gerardo Nóchez ( Enero 2026), México

INTRODUCCIÓN

    Durante la última década 2015-2025, México y América Latina han experimentado una transformación profunda en las dinámicas de la delincuencia organizada. Lejos de operar únicamente como estructuras criminales orientadas al lucro, diversos grupos han incorporado prácticas sistemáticas de intimidación, control social, comunicación violenta y disciplina colectiva que trascienden el crimen convencional. Paralelamente, en Europa se observa una creciente preocupación por la convergencia entre redes criminales transnacionales, facilitadores logísticos y dinámicas de radicalización violenta no ideológica, particularmente en contextos urbanos complejos.

    Este artículo propone una lectura avanzada de inteligencia —táctica y operativa— que permite comprender estas mutaciones sin recurrir a simplificaciones conceptuales ni a la aplicación automática de categorías jurídicas tradicionales. A partir de información oficial, análisis comparados y una lectura estructural del fenómeno, se examina cómo ciertas expresiones de la criminalidad organizada en México han adoptado funciones típicamente de terror, generando impactos directos e indirectos en la seguridad regional y trasatlántica.

    En los últimos años, los debates sobre terrorismo en México y América Latina han tendido a concentrarse en una pregunta recurrente: ¿existe o no terrorismo en la región? Esta formulación, aparentemente sencilla, ha demostrado ser insuficiente para comprender la complejidad del fenómeno contemporáneo. No solo porque parte de categorías rígidas heredadas de otros contextos históricos y geográficos, sino porque ignora una dimensión clave del problema: la funcionalidad real de la violencia.

    Mientras tanto, los datos muestran una escalada sostenida de violencia extrema, control territorial, reclutamiento forzado, desapariciones sistemáticas y campañas de intimidación que afectan a poblaciones enteras. En México, cifras oficiales reportan más de treinta mil homicidios dolosos anuales durante varios ejercicios consecutivos ( El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en 2023 se registraron 30,906 homicidios dolosos en México y según el Atlas de Homicidios México 2023, que consolida estadísticas oficiales del SESNSP e INEGI) así como decenas de miles de personas desaparecidas, muchas de ellas en zonas disputadas por organizaciones criminales. A nivel regional, organismos multilaterales han advertido que América Latina concentra una proporción desmedida de homicidios globales, a pesar de representar un porcentaje menor de la población mundial (El Global Study on Homicide 2023 de la UNODC).

    En Europa, aunque los contextos son distintos, las agencias de seguridad como EUROPOL, en su “informe sobre redes criminales” ha señalado con creciente preocupación la interacción entre redes criminales transnacionales, economías ilícitas, tráfico de personas, drogas y armas, así como la instrumentalización de la violencia para el control de comunidades, rutas y mercados. Informes tacticos recientes subrayan que la frontera entre delincuencia organizada y otras formas de violencia extrema es cada vez más difusa, especialmente cuando el objetivo no es únicamente económico, sino también coercitivo.

    Este escenario obliga a replantear el marco analítico. No se trata de etiquetar automáticamente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ni de trasladar mecánicamente categorías desarrolladas para otros teatros de conflicto. El desafío es más complejo: identificar cuándo y cómo determinadas estructuras criminales comienzan a operar con lógicas funcionalmente equivalentes a las del terrorismo, aun sin adoptar una ideología formal o una agenda política explícita.

LA NATURALEZA REAL DE LA AMENAZA:MÁS ALLÁ DE LAS CATEGORÍAS FORMALES

    El análisis tradicional del terrorismo se ha construido, en gran medida, a partir de tres criterios centrales: motivación ideológica, estructura organizativa definida y empleo de la violencia con fines políticos. Bajo esta óptica, buena parte de la violencia criminal en México quedaría automáticamente excluida del concepto. Sin embargo, este enfoque resulta cada vez menos eficaz para explicar fenómenos contemporáneos caracterizados por la hibridación, la adaptación y la instrumentalización del miedo como herramienta de control.

    Diversos organismos internacionales han reconocido que las amenazas actuales rara vez se presentan de forma “pura” . A través de distintas agencias especializadas, se ha advertido sobre la convergencia entre terrorismo, delincuencia organizada y otras economías ilícitas, particularmente en contextos de debilidad institucional, corrupción sistémica y alta rentabilidad criminal. De forma paralela, evaluaciones de riesgo elaboradas por agencias de inteligencia y seguridad en América del Norte y Europa señalan que los grupos criminales con alto grado de control territorial tienden a desarrollar prácticas de gobernanza violenta que reproducen efectos de terror sobre la población civil.

    En México, esta dinámica se expresa de manera especialmente clara. La violencia no solo cumple una función instrumental —eliminar rivales o asegurar mercados—, sino que adquiere una dimensión comunicacional. Los actos violentos se diseñan para ser vistos, difundidos y comprendidos como mensajes. Decapitaciones, cuerpos expuestos en espacios públicos, amenazas dirigidas a comunidades enteras y campañas sistemáticas de extorsión no responden únicamente a una lógica económica, sino a una estrategia de dominación psicológica y social.

    Desde una perspectiva de inteligencia, esta transformación implica un cambio cualitativo en la naturaleza de la amenaza. Cuando una organización criminal controla territorio de forma sostenida, impone reglas de comportamiento a la población, castiga públicamente la disidencia, gestiona economías ilícitas complejas y asegura su persistencia mediante estructuras financieras resilientes, deja de ser un mero actor criminal para convertirse en un sistema de coerción con capacidad de generar efectos equivalentes a los del terrorismo.

    Esta lectura no es exclusiva de México. En Europa, servicios de inteligencia y cuerpos de seguridad como el MI6 y la DGSE han identificado fenómenos similares en zonas urbanas donde redes criminales ejercen control social, facilitan otras formas de violencia extrema o actúan como proveedores de servicios ilícitos para actores radicalizados. Aunque las manifestaciones visibles difieren, la lógica subyacente es comparable: la violencia como herramienta de regulación y mensaje.

    Por ello, insistir únicamente en categorías formales puede convertirse en un punto ciego estratégico. El verdadero riesgo no reside en el nombre que se otorgue a una organización, sino en las funciones que desempeña, las capacidades que acumula y los impactos que produce. Comprender esta realidad exige una lectura integral, estructurada y comparada, capaz de conectar los escenarios latinoamericanos con las preocupaciones de seguridad europeas dentro de un mismo marco analítico.

DEL CÁRTEL AL SISTEMA: MUTACIÓN OPERATIVA DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

    La criminalidad organizada en México ya no puede entenderse como una suma de organizaciones dedicadas exclusivamente a la explotación de mercados ilícitos específicos. En los últimos años, estos grupos han evolucionado hacia estructuras sistémicas, capaces de integrar control territorial, violencia comunicacional, economías criminales diversificadas y proyección transnacional dentro de un mismo entramado operativo. Esta transformación no es accidental ni coyuntural; responde a un proceso de adaptación sostenida frente a la presión estatal, la competencia criminal y la creciente interconexión de los mercados ilícitos globales.

    Los datos confirman esta mutación. México ha registrado de manera constante más de 30 mil homicidios dolosos anuales y cientos de niños, niñas y adolescentes reclutados mediante técnicas de radicalización, incubación y cooptación mediante el extremismo de la violencia, así como delitos de alto impacto con concentraciones geográficas estables en corredores estratégicos vinculados a rutas logísticas, zonas de producción y nodos de distribución. A ello se suma un crecimiento persistente de delitos como la extorsión y la desaparición de personas, fenómenos que, más allá de su impacto penal, cumplen una función estructural: disciplinar territorios, silenciar comunidades y garantizar obediencia social. Estas dinámicas han sido identificadas por organismos multilaterales como expresiones de control criminal avanzado, donde la violencia no busca únicamente eliminar rivales, sino regular comportamientos colectivos.

    En este contexto, los cárteles han dejado de operar como organizaciones jerárquicas rígidas para convertirse en sistemas flexibles, con alta capacidad de adaptación. La fragmentación inducida por la captura de liderazgos visibles no ha debilitado necesariamente estas estructuras; por el contrario, ha favorecido modelos más descentralizados, con células autónomas pero funcionalmente conectadas tanto en expresiones abiertas como células encubierta. Esta lógica permite sostener operaciones incluso en escenarios de alta presión institucional, reducir vulnerabilidades y asegurar continuidad operativa.

    Un elemento clave de esta mutación es la diversificación económica. Informes del 2020 al 2024 de la UNODC sobre investigación criminal, producción de droga y flujos financieros ilícitos confirman que México se ha consolidado como un nodo central en la producción y tráfico de drogas sintéticas, particularmente fentanilo y metanfetaminas, con impactos directos en América del Norte y crecientes implicaciones para Europa. Sin embargo, estos ingresos no operan de manera aislada. Se integran con otras economías ilícitas —extorsión sistemática, tráfico de personas y de armas, robo de combustibles, contrabando, donaciones electrónicas y esquemas de lavado complejos— que permiten amortiguar pérdidas, financiar expansión territorial y sostener estructuras de largo plazo.

    Esta lógica sistémica se refleja también en la manera en que se ejerce la violencia. En diversas regiones de México y Latinoamérica, como: Argentina, Ecuador, El Salvador, Venezuela, etc., se ha documentado cómo episodios de violencia de alto impacto, cuidadosamente seleccionados y ejecutados, son seguidos por periodos de aparente “calma” . Lejos de indicar una disminución real del control criminal, estos intervalos suelen coincidir con la consolidación de esquemas de cobro, regulación de actividades económicas locales e imposición de normas de convivencia. La violencia, en estos casos, no es caótica ni reactiva: es una herramienta de gobierno.

    Un ejemplo ilustrativo puede observarse en territorios donde organizaciones criminales han logrado imponer control prolongado sobre comunidades completas, tal es el caso de Sinaloa, Guerrero, Jalisco y Zacatecas en México, Guayaquil en Ecuador, el Rosario en Argentina, así como Tumbes y Trujillo en Perú, entre otras. Tras acciones iniciales de fuerza —ataques selectivos, amenazas públicas o castigos ejemplares—, se establecen mecanismos de vigilancia local, control de accesos y administración informal de conflictos. El resultado es un entorno de obediencia inducida, donde la ausencia de enfrentamientos visibles no implica ausencia de coerción, sino su normalización.

    Este modelo no es exclusivo de América, ni ajeno a Europa. La última evaluación de riesgo de EUROPOL 2025 advierte que redes criminales transnacionales operan cada vez más como proveedores de servicios especializados, conectando productores, transportistas, intermediarios financieros y distribuidores finales a través de alianzas funcionales. En este esquema, actores con base en América Latina como MS-13, Tren de Aragua, PCC, entre otros —incluidos grupos mexicanos como el CJNG— participan como facilitadores logísticos, gestores de rutas marítimas con los llamados “narcosubmarinos” o articuladores financieros, sin necesidad de presencia física permanente en territorio europeo, esto incluye el uso de plataformas y ciberespacio no regulado o poco controlado por autoridades, así como el uso técnico de la inteligencia artificial y las tecnologías disruptivas.

    Un caso relevante documentado en investigaciones internacionales recientes muestra cómo alianzas entre redes latinoamericanas y europeas han permitido el traslado sistemático de grandes volúmenes de estupefacientes hacia puertos estratégicos del continente, utilizando empresas fachada, esquemas de corrupción portuaria y mecanismos sofisticados de lavado en tierra, mar y aire, así como en el ecosistema digital. En estos acuerdos, la violencia cumple un papel indirecto pero central: garantizar disciplina interna, proteger rutas y disuadir interferencias, tanto de competidores como de autoridades. La profesionalización funcional es otro rasgo distintivo de esta mutación. Las organizaciones incorporan perfiles especializados en logística, finanzas, comunicación, inteligencia local, tecnología dual, drones y contrainteligencia básica. Esta división del trabajo criminal reduce la dependencia de liderazgos carismáticos o familiares y permite que el sistema continúe operando incluso tras detenciones relevantes. Desde una perspectiva de inteligencia, este es uno de los factores que explican por qué las estrategias centradas exclusivamente en la neutralización de individuos generan impactos limitados en el mediano plazo.

    En suma, el tránsito del cártel al sistema representa un cambio profundo en la naturaleza de la amenaza. Se trata de estructuras complejas, adaptativas y con vocación de permanencia, que integran violencia, economía ilícita, control territorial y proyección trasatlántica dentro de una misma lógica operativa. Entender esta mutación no es un ejercicio meramente institucional, sino multisectorial y una condición indispensable para interpretar correctamente la evolución de la inseguridad en América y su relevancia directa para los intereses de seguridad europeos en un entorno cada vez más interconectado.

CUANDO LA VIOLENCIA COMUNICA: FUNCIONES DE TERROR EN CONTEXTOS NO IDEOLÓGICOS

    En el fenómeno de crimen organizado contemporáneo, la violencia ha dejado de ser un recurso circunstancial para convertirse en un instrumento deliberado de comunicación estratégica, orientado a producir efectos de terror e intimidación sostenido sobre poblaciones, autoridades y actores económicos. Esta función ha sido documentada de forma consistente por instancias oficiales en México, América Latina y Europa, y responde a una lógica operativa precisa: imponer control territorial y disciplinar entornos reduciendo la necesidad de confrontación permanente.

    En el caso mexicano, los datos oficiales confirman que la violencia extrema no se distribuye de manera homogénea. De acuerdo con información conjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2018 y 2024, más del 50 % de los homicidios dolosos del país se concentraron de forma recurrente en menos del 10 % de los municipios, particularmente en aquellos ubicados en corredores estratégicos de tráfico de armas, drogas, órganos y bienes de uso dual, zonas portuarias, regiones de producción ilícita o áreas de disputa territorial. Este patrón ha sido señalado en los análisis anuales de incidencia delictiva como un indicador de violencia focalizada con fines de control, no como una explosión aleatoria de criminalidad.

    Este fenómeno ha sido contextualizado también a nivel internacional. El Global Study on Homicide de la UNODC identifica a América Latina como la región con mayor concentración territorial de homicidios vinculados a delincuencia organizada, señalando que una proporción significativa de la violencia letal se localiza en nodos específicos asociados a economías ilícitas y control criminal, a pesar de que la región representa menos del 10 % de la población mundial. Esta concentración es interpretada por el organismo como evidencia de estrategias de intimidación territorial, donde la violencia cumple una función comunicativa y reguladora.

    La selección de objetivos, tiempos y escenarios tampoco es improvisada. Evaluaciones operativas elaboradas por agencias de seguridad de América del Norte y Europa, entre las que destacan las del Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) han documentado que los actos de violencia más visibles suelen ejecutarse en espacios con alta carga simbólica o económica, buscando amplificar su impacto psicológico. Esta lógica ha sido descrita en análisis estratégicos de la Europol, que señala que las organizaciones criminales más consolidadas recurren a episodios selectivos de violencia extrema o altamente simbólica como mecanismo para asegurar disciplina interna y control de mercados, evitando una exposición constante que facilite el riesgo de intervención estatal.

    En México, esta función de terror se observa con claridad en territorios donde, tras episodios iniciales de violencia de alto impacto —ataques múltiples, amenazas públicas o asesinatos con alto grado de exhibición—, se registra una reducción posterior de enfrentamientos visibles. Lejos de representar una pacificación real, estos periodos coinciden con la consolidación de esquemas de extorsión, control de actividades económicas locales y regulación informal de la vida cotidiana. El terror ha sido comunicado; la violencia se internaliza y pasa a administrarse.

    Esta misma lógica opera en el plano trasatlántico, aunque con adaptaciones contextuales. Informes de evaluación de amenazas de INTERPOL advierten que en Europa la violencia criminal asociada a redes transnacionales tiende a ser menos visible pero igualmente funcional, manifestándose a través de intimidación selectiva, coerción económica y control de nodos logísticos clave, especialmente en puertos y corredores comerciales. La ausencia de violencia masiva no implica ausencia de terror, sino su expresión latente basada en capacidad demostrada de daño.

    España ocupa un lugar relevante en este entramado. Su posición geográfica y su infraestructura portuaria la convierten en un punto de interés para redes criminales con origen o vínculos en América Latina. Por tanto se ha identificado que organizaciones transnacionales utilizan amenazas directas, presión económica y violencia puntual e inclusive corrupción sistémica para garantizar el flujo de mercancías ilícitas y la lealtad de intermediarios. En estos contextos, el terror no se expresa mediante confrontación abierta, sino mediante la certeza de represalias con impacto psicológico, físico y de alcance intrafamiliar del sujeto involucrado, suficiente para asegurar obediencia operativa.

    La dimensión digital amplifica estos efectos. La difusión de actos violentos, amenazas y mensajes intimidatorios a través de redes sociales y plataformas cifradas así como espacios de videojuegos y la dark web permite que el impacto del terror trascienda el espacio físico inmediato. Este fenómeno es señalado en evaluaciones europeas de radicalización criminal y el histórico de investigaciones de agencias especializadas como la Agencia de Inteligencia exterior del Reino Unido (MI6) y el Centro Nacional de Inteligencia Español (CNI) como un factor que normaliza la violencia, refuerza la reputación de las organizaciones y extiende su capacidad de control más allá del territorio inmediato.

    En el plano institucional, el uso de la violencia como mensaje también actúa como mecanismo de presión estratégica. Casos documentados en México y la región muestran que ataques selectivos o amenazas públicas han precedido a repliegues operativos, desplazamientos de funcionarios o ajustes en decisiones administrativas locales e incluso decisiones políticas y electorales. La violencia no busca derrotar al Estado, sino condicionar su comportamiento mediante el miedo creíble.

    En conjunto, la evidencia empírica permite afirmar que las funciones de terror ejercidas por determinadas estructuras criminales no constituyen episodios aislados, sino un componente central de su arquitectura de poder. Esta lógica es compartida, con matices, por organizaciones que operan en México, América Latina y Europa. Reconocerla es indispensable para comprender la evolución del crimen organizado contemporáneo y para anticipar escenarios de riesgo en un espacio trasatlántico cada vez más interconectado.

ANATOMIA CRIMINAL APLICADA: LECTURA INTEGRAL DE ESTRUCTURAS CRIMINALES

    Comprender la criminalidad organizada contemporánea exige superar los enfoques fragmentados que analizan por separado la ideología, la violencia, las finanzas, tecnología o el territorio. Las organizaciones que hoy operan en México, América Latina y el espacio Europeo no funcionan como agregados caóticos de actividades ilícitas, sino como estructuras orgánicas, con funciones diferenciadas pero interdependientes, diseñadas para garantizar continuidad, adaptación y resiliencia frente a la presión estatal y la competencia criminal.

    Desde una perspectiva de inteligencia, resulta más útil observar estas organizaciones como cuerpos funcionales, donde cada componente cumple una tarea específica dentro de un sistema integrado. Esta lectura permite identificar no solo lo que una organización hace, sino cómo piensa, cómo se sostiene, cómo se proyecta y cómo sobrevive, lo anterior a través de un método de análisis avanzado denominado “Hombre de Vitruvio” creado y desarrollado por el Dr. Gerardo Nóchez Cerón como una herramienta de interpretación estructural del fenómeno criminal. La clave no es enumerar delitos, sino ubicar funciones críticas y sus relaciones internas, abordando la anatomía terrorista o criminal completa.

    Por lo anterior, la referencia base de esta metodología, sin entrar a su desarrollo total en este artículo, es la siguiente: Anatomía Criminal de la Organización Terrorista – Modelo Vitruvio.

Principios rectores del modelo:

• Cabeza = Ideología, dirección y cognición estratégica.

• Tórax = Centro vital, control, organización e inteligencia.

• Abdomen = Financiamiento, logística y sostenimiento material.

• Brazos = Proyección operativa y tácticas.

• Manos = Ejecución directa.

• Piernas = Movilidad, expansión y control territorial.

• Pies = Santuarios, refugios y asentamientos estructurales.

    En ese marco rector, en la cúspide de estas estructuras se encuentra el núcleo de dirección y cognición estratégica. Aquí se definen las decisiones fundamentales: qué territorios disputar, qué economías priorizar, cuándo escalar la violencia y cuándo administrarla. A diferencia de modelos tradicionales centrados en liderazgos visibles, la experiencia técnica de este método muestra que este componente tiende a volverse cada vez más difuso y protegido, apoyándose en intermediarios, mecanismos de compartimentación y procesos colectivos de toma de decisiones. Esta configuración reduce la vulnerabilidad ante capturas individuales y explica por qué muchas organizaciones mantienen coherencia estratégica incluso tras golpes significativos a sus mandos.

    Inmediatamente asociado a este núcleo se ubica el centro de control, organización e inteligencia. No se trata de inteligencia en el sentido clásico estatal, sino de inteligencia criminal aplicada: sistemas de vigilancia local, control de información, identificación temprana de amenazas, monitoreo de vigilancia o infiltración de agentes estatales en el ciberespacio y gestión de riesgos operativos. En múltiples regiones de México y América Latina, este componente se manifiesta en redes de informantes, monitoreo de movimientos institucionales y control social de comunidades enteras. En Europa, la misma función adopta formas más discretas, integradas en entornos logísticos, empresariales o portuarios, donde la información es clave para anticipar inspecciones, investigaciones o rupturas de rutas.

    El sostenimiento material del sistema constituye otro eje fundamental. El financiamiento y la logística no operan como áreas accesorias, sino como centros de gravedad que permiten la persistencia de la organización. La diversificación de ingresos —drogas sintéticas, extorsión, tráfico de personas, contrabando, delitos financieros— se integra con cadenas logísticas cada vez más complejas y con mecanismos sofisticados de ocultamiento, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y criptoactivos. La evidencia internacional, a través de diversas organizaciones, como lo es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), demuestra que cuando este componente se mantiene intacto, la organización puede absorber pérdidas operativas, reconstituir células y continuar su expansión, incluso bajo alta presión institucional.

    La proyección operativa y táctica se expresa en la capacidad de llevar la acción criminal más allá del núcleo original. Aquí se articulan las alianzas, las subcontrataciones, las franquicias criminales, la corrupción con el Estado y los acuerdos funcionales con otros actores. En el plano trasatlántico, esta función es especialmente relevante: organizaciones con base en América Latina proyectan capacidades hacia Europa a través de intermediarios, facilitadores logísticos y redes financieras e inclusive diplomáticas, sin necesidad de una presencia directa o visible. La organización no se desplaza como un bloque; extiende funciones, ejemplo de ello: el Cartel de Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste, Tren de Aragua, el Clan del Golfo, los Lobos, los Choneros, Sendero Luminoso, Hezbola, MS-13, entre otros.

    La ejecución directa constituye el nivel más visible, pero no necesariamente el más determinante. Sicarios, operadores tácticos, agentes criminales encubierta y ejecutores cumplen una función esencial, aunque altamente reemplazable. El terror y la violencia ejercidos por este componente adquieren sentido solo cuando se insertan en la lógica del sistema: no toda ejecución busca eliminar, muchas buscan comunicar, disciplinar o marcar territorio. Esta distinción explica por qué ciertas acciones violentas generan impactos desproporcionados en términos de control, mientras otras pasan casi desapercibidas.

    La movilidad y el control territorial representan la capacidad del sistema para expandirse, replegarse o redistribuirse según las condiciones del entorno. Las rutas, los corredores y los espacios de influencia no son estáticos; se ajustan en función de oportunidades, presiones y alianzas. En América Latina, esta movilidad se observa en la rápida reconfiguración de zonas de influencia y zonas grises tras operativos estatales. En Europa, adopta la forma de desplazamientos logísticos, cambios de puertos o relocalización de nodos financieros dentro y fuera del sistema comercial y económico.

    Finalmente, los santuarios, refugios y asentamientos estructurales constituyen la base silenciosa del sistema. Son los espacios físicos, sociales o institucionales donde la organización reduce su exposición, protege activos clave y asegura continuidad. Estos pueden adoptar la forma de comunidades cooptadas, zonas de difícil acceso, estructuras empresariales aparentemente legítimas, comunidades paralelas al estado, individuos asociales o parasociales, células infiltradas en instituciones públicas o marcos normativos explotados de manera sistemática. La experiencia comparada demuestra que mientras estos espacios permanezcan intactos, la capacidad de regeneración del sistema se mantiene.

    Analizar la criminalidad organizada desde esta anatomía funcional permite comprender por qué las respuestas fragmentadas producen efectos limitados. Neutralizar ejecutores sin afectar financiamiento, atacar territorios sin desarticular inteligencia, o capturar liderazgos sin romper la cohesión estructural genera reacomodos, no colapsos. Esta lectura integral resulta especialmente relevante para América y Europa donde las dinámicas criminales están cada vez más interconectadas y donde los efectos de una organización no se limitan a un solo territorio.

    En un entorno trasatlántico caracterizado por la convergencia de economías ilícitas, rutas globales y capacidades híbridas, entender la anatomía criminal de estas estructuras no es un ejercicio teórico, sino una herramienta práctica de anticipación, análisis y toma de decisiones. Solo desde esta comprensión es posible identificar verdaderos puntos de ruptura y diseñar estrategias coherentes frente a una amenaza hibrida entre el terror y la violencia que opera como un cuerpo vivo, adaptativo y persistentemente funcional.

MÉXICO EN EL TABLERO TRASATLÁNTICO: PROYECCIÓN REGIONAL Y CONVERGENCIAS OPERATIVAS

    México no puede analizarse hoy únicamente como un escenario nacional de criminalidad organizada, sino como un nodo estratégico dentro de un ecosistema trasatlántico de economías ilícitas, facilitación criminal y funciones de terror, cuyas dinámicas impactan de manera directa en América Latina, Europa y, de forma creciente en algunos países como España. Esta proyección no responde a una expansión territorial clásica, sino a una externalización de capacidades, donde funciones específicas —logística, financiamiento, coerción y control— se distribuyen a lo largo de distintas geografías según su utilidad operativa.

    Desde el andamiaje técnico, la evidencia es clara. En Europa se ha documentado que más del 40 % de la cocaína incautada en puertos europeos tiene origen o tránsito en América Latina, y que una parte significativa de estas rutas presenta vínculos operativos con redes asentadas en México. Esta conexión no implica necesariamente presencia física permanente, sino participación funcional: provisión de servicios logísticos, coordinación de cargamentos, protección de rutas y resolución violenta de disputas cuando es necesario. El territorio mexicano opera, así, como plataforma de articulación, no solo como punto de origen.

    La lógica que sostiene estas convergencias es esencialmente híbrida. Las organizaciones criminales con base en México han desarrollado una notable capacidad para integrar prácticas típicamente asociadas al terrorismo —uso del terror como mecanismo de control, violencia ejemplarizante, comunicación intimidatoria— con modelos empresariales ilícitos altamente sofisticados. Esta combinación resulta especialmente eficaz en entornos trasnacionales, donde la violencia explícita se emplea en origen para asegurar disciplina y obediencia, mientras que en destino se privilegian esquemas de bajo perfil sustentados en corrupción, coerción selectiva y amenaza latente.

    España ocupa una posición crítica en este entramado. Su localización geográfica, infraestructura portuaria y conectividad comercial la convierten en un punto de entrada estratégico para flujos ilícitos provenientes del hemisferio occidental. Europol y la Guardia Civil Europea han identificado que las redes criminales que operan en el eje América Latina–Europa tienden a utilizar territorio español como espacio de consolidación logística, redistribución y lavado de dinero, apoyándose en estructuras empresariales, intermediarios financieros y operadores locales. En este contexto, el terror no se manifiesta mediante violencia masiva, sino como capacidad implícita de daño, suficiente para garantizar cooperación, silencio y continuidad operativa.

    Esta adaptación contextual del terror es uno de los rasgos más relevantes del fenómeno. Mientras que en México la violencia visible cumple una función central para imponer control territorial y disciplinar comunidades, en Europa —y particularmente en España— el terror adopta formas más discretas pero igualmente eficaces. Amenazas selectivas, presiones económicas, desapariciones puntuales y ataques altamente dirigidos a infraestructura crítica con impacto relevante a víctimas de múltiples atentados cumplen el mismo objetivo: reducir la necesidad de confrontación abierta mediante la internalización del riesgo. El resultado es un entorno de aparente normalidad, sostenido por la certeza de represalias.

    La convergencia trasatlántica se refuerza además por la diversificación de economías ilícitas. Las rutas de drogas se entrelazan con tráfico de personas, falsificación documental, contrabando, delitos financieros y esquemas complejos de lavado de activos. Esta diversificación no solo incrementa la rentabilidad, sino que distribuye el riesgo, permitiendo a las organizaciones absorber pérdidas en un sector mientras mantienen operaciones en otros. En este modelo, el financiamiento del sistema y la proyección operativa se sostienen incluso frente a interrupciones parciales.

    Un elemento innovador de esta dinámica es la tercerización del riesgo. Las organizaciones mexicanas no necesitan trasladar grandes contingentes ni reproducir su estructura completa en Europa. Les basta con activar funciones específicas a través de alianzas con redes locales, grupos criminales europeos o intermediarios especializados. La violencia extrema se reserva para momentos críticos o para el control de origen; en destino, el terror funciona como una amenaza creíble basada en reputación, construida previamente.

    Este esquema ha sido observado también en investigaciones especiales y de asistencia judicial reciproca sobre terrorismo contemporáneo. La utilización de redes criminales como facilitadores —para movimiento de personas, financiamiento, documentos o logística— ha sido documentada en distintos teatros, evidenciando que las fronteras entre delincuencia organizada y terrorismo no son ideológicas, sino operativas. En el espacio trasatlántico, esta convergencia incrementa el riesgo de que capacidades desarrolladas en contextos de criminalidad organizada sean reutilizadas, adaptadas o explotadas por actores con agendas violentas distintas.

    Desde una perspectiva estratégica, el papel de México en este tablero no es marginal ni circunstancial. Su posición como articulador de flujos, capacidades y prácticas lo convierte en un vector de riesgo compartido para Europa. Las dinámicas que hoy se observan en territorios mexicanos —uso del terror funcional, control de corredores, disciplinamiento violento— no permanecen contenidas geográficamente. Se proyectan, se adaptan y se traducen en amenazas indirectas para los sistemas de seguridad europeos.

    Comprender esta realidad exige abandonar lecturas fragmentadas y asumir que el espacio trasatlántico opera como un sistema interconectado, donde las decisiones, disputas y mutaciones en un punto generan efectos en otros. Para España, esta comprensión resulta particularmente relevante: no como país receptor pasivo, sino como actor central en la prevención, detección y disrupción de estas convergencias.

    En definitiva, América no es únicamente un escenario de violencia interna, ni Europa un espacio aislado de estas dinámicas. Ambos forman parte de un mismo tablero operativo, donde la delincuencia organizada y el terrorismo interactúan, se refuerzan y se transforman. Reconocer esta interdependencia es condición indispensable para anticipar riesgos, diseñar respuestas coherentes y evitar que las amenazas híbridas sigan explotando los vacíos entre jurisdicciones, narrativas y marcos de actuación.

UMBRALES DE RIESGO Y PROYECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA AMENAZA

    La evolución reciente de la delincuencia organizada y sus funciones basadas en terrorismo plantea un desafío central para los sistemas de seguridad contemporáneos: la dificultad de identificar el punto exacto en el que una estructura criminal cruza el umbral operativo que la convierte en una amenaza de impacto estratégico, tanto a nivel nacional como trasatlántico. Este umbral no se manifiesta necesariamente con un aumento abrupto de la violencia, sino con la consolidación simultánea de capacidades que permiten a la organización sostener, proyectar y reproducir el control mediante el terror, el miedo, el extremismo o la intimidación de alto impacto.

    Los indicadores ya han sido superados en múltiples escenarios. En México, se ha sumado el crecimiento sostenido de delitos como la extorsión, que en varias entidades federativas ha mostrado incrementos acumulados superiores al 40 % en cinco años, consolidándose como uno de los principales mecanismos de control criminal sobre economías locales y sectores productivos, así como el narcotráfico, el uso de drones con explosivos, el uso de plataformas digitales para reclutamiento criminal, actos de extremismo con miras políticas, como: decapitaciones, desmembramientos, fosas clandestinas, pornografía infantil, campos de concentración, entrenamiento y preparación paramilitar, así como infraestructuras de concentración de células hibridas para el intercambio de conocimientos en modus operandi, asilo criminal internacional, resguardo de armas de uso militar y consumación de actos de alto impacto a zonas diplomáticas en el extranjero desde otros países que fungen para realizar la planeación o como origen de activación del ataque.

    A nivel regional, la evidencia es igualmente contundente. El Global Study on Homicide de la UNODC ha señalado que América Latina concentra cerca de un tercio de los homicidios globales, a pesar de representar menos del 10 % de la población mundial. Más relevante aún, el organismo identifica que una proporción significativa de esta violencia está directamente asociada a dinámicas de control territorial, disputa por rutas y gobernanza criminal, lo que refuerza la tesis de que el terror no es un efecto colateral, sino una herramienta estructural de poder, tal cual lo señala el Índice Global de Terrorismo 2025 manifestando el nivel crítico a cada país.

    En el plano trasatlántico, los riesgos derivados de esta evolución ya se materializan en Europa. Evaluaciones recientes de amenazas graves y organizadas elaboradas por Europol advierten que las redes criminales transnacionales vinculadas a América Latina han incrementado su presencia funcional en puertos, corredores logísticos y mercados europeos, utilizando violencia selectiva, intimidación económica y corrupción como mecanismos de aseguramiento operativo. España, por su posición geográfica y su conectividad comercial, figura de manera recurrente como uno de los principales puntos de entrada y redistribución de flujos ilícitos, particularmente en el tráfico de drogas y en esquemas complejos de lavado de activos, e incluso en la 27ª conferencia regional africana de INTEPOL, se incluyó el tema de la presencia de carteles de la droga y la generación de flujos financieros ilícitos a través del ganado en apoyo al fondeo de grupos terroristas de esa región.

    Casos concretos ilustran estos umbrales de riesgo. En los últimos años, operaciones conjuntas entre autoridades europeas y latinoamericanas han desarticulado redes que movían toneladas de estupefacientes a través de puertos españoles, utilizando empresas fachada, corrupción portuaria y violencia puntual para garantizar el silencio de intermediarios. En estos esquemas, la violencia no se ejerce de forma indiscriminada; se emplea de manera quirúrgica, suficiente para mantener disciplina y disuadir cooperación con las autoridades, replicando la lógica de terror funcional observada en territorios de origen.

    Desde una perspectiva operativa, estos casos demuestran que el riesgo no reside únicamente en el volumen de las economías ilícitas, sino en la madurez sistémica de las organizaciones involucradas. Cuando una estructura criminal es capaz de integrar financiamiento resiliente, logística transnacional, control territorial en origen y coerción selectiva en destino, el margen de intervención se reduce drásticamente. Las acciones aisladas —incautaciones, detenciones puntuales o interrupciones temporales de rutas— generan impactos tácticos, pero no alteran la arquitectura del sistema.

    En el ámbito institucional, los efectos del terror funcional también son medibles. Investigaciones documentadas en México y otros países de la región muestran que ataques selectivos, amenazas públicas o demostraciones de fuerza han precedido a repliegues operativos, renuncias de funcionarios locales o modificaciones en decisiones administrativas, evidenciando que la violencia actúa como un mecanismo de presión estratégica, incluso sin confrontación directa con el Estado, y eso es estratégico. Este fenómeno no es ajeno a Europa, donde la intimidación selectiva y la corrupción han condicionado investigaciones, controles portuarios y procesos judiciales en casos de alto perfil.

    La proyección futura de la amenaza exige, por tanto, una lectura integral de umbrales. No basta con contabilizar eventos violentos; es necesario evaluar la convergencia de capacidades: control territorial, financiamiento, inteligencia criminal, proyección transnacional y uso estratégico del terror. Cuando estos elementos coexisten, la organización ha superado el umbral crítico y se convierte en un actor con capacidad de generar impactos sostenidos en múltiples jurisdicciones, y estos umbrales responden al verdadero mecanismo de medición de riesgo que tienen que mantener una medición constante para la formulación de estrategias, tácticas y operativas.

    Desde una perspectiva diplomática y de seguridad internacional, este diagnóstico tiene implicaciones claras. México, España y el conjunto del espacio europeo y americano enfrentan un riesgo compartido, derivado de la interconexión de economías ilícitas y de la transferencia de prácticas operativas. La prevención efectiva no puede limitarse a respuestas nacionales ni a marcos jurídicos aislados; requiere coordinación trasatlántica, intercambio de inteligencia operativa y estrategias orientadas a la disrupción de funciones críticas, no solo a la persecución de actores visibles.

    En conclusión, los umbrales de riesgo ya han sido superados en múltiples escenarios, y la proyección estratégica de la amenaza apunta a una mayor sofisticación, no a una disminución espontánea. La delincuencia organizada contemporánea, cuando incorpora funciones de terror de manera sistemática, deja de ser un problema exclusivamente criminal para convertirse en un desafío estructural de seguridad, con efectos directos sobre la gobernanza, la estabilidad económica y la seguridad internacional. Reconocer estos umbrales y actuar sobre ellos es hoy una condición indispensable para evitar que la amenaza continúe expandiéndose a través de los vacíos entre territorios, instituciones y marcos de actuación, basta con recordar que en una actuación estratégica el mundo lo somos todos, y todos somos un estado global.