Amenazas Híbridas con Capacidad Terrorista

Reconfiguración del Crimen Organizado como Riesgo Estratégico Nacional

Del uso sistemático de la violencia extrema a la insurgencia criminal: patrones operativos que cruzan la frontera entre delito y amenaza a la seguridad nacional.

I. Introducción General: Reconfiguración Criminal y Funcionalidad Terrorista en el Contexto Mexicano

En los últimos años, México ha sido testigo de una transformación preocupante: el crimen organizado ha dejado de ser exclusivamente una estructura ilícita con fines económicos para evolucionar hacia formas de operación con funcionalidad terrorista. De acuerdo con el Índice de Paz México 2025, “México actualmente sigue siendo considerablemente menos pacifico que desde el 2015. Durante ese periodo, la paz en el país se ha deteriorado un 13.4%, con muchos indicadores de delincuencia significativamente más altos que hace una década. Por ejemplo, la tasa de homicidios es 54.7% más alta que en 2015”, una de las más altas del mundo. A ello se suma un patrón operativo que involucra control territorial, uso del terror y dominio social y digital.
A nivel jurídico, el tipo penal de terrorismo en México es amplio y ambiguo, permitiendo la inclusión de diversas conductas sin delimitar los umbrales que definen al fenómeno bajo estándares internacionales. Esta ambigüedad obstaculiza la acción estatal, mientras grupos delictivos ejercen una violencia extrema con fines de control que, aunque predominantemente no ideológicos, en ciertos casos sí presentan motivaciones políticas, simbólicas, tecnológicas o territoriales, que deben analizarse con criterios estratégicos diferenciados y lineamientos internacionales.
Es crucial subrayar que crimen organizado y terrorismo son fenómenos jurídica y estructuralmente distintos; sin embargo, ambos comparten tácticas, recursos y modus operandi, ya sea como adopción técnica o, en ocasiones, con canales de interconexión directa. Esta convergencia táctica, más allá de su naturaleza jurídica, los aproxima operativamente. El presente artículo ofrece una lectura estratégica desde el Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento (CNT), a fin de entender esta intersección como un riesgo estructural para la seguridad nacional.

II. Más Allá del Delito: Terror, Tecnología y Ambigüedad Jurídica como Ejes de una Mutación Criminal

Los grupos criminales de alto impacto en México exhiben hoy estructuras paramilitares, capacidades ofensivas y control social sobre comunidades completas. Utilizan drones, armas de alto poder y propaganda intimidatoria, configurando un modelo de amenaza híbrida.
Además, han adoptado tecnologías disruptivas para la comisión de ciberdelitos, deepfakes, inteligencia artificial para espionaje o desinformación, y flujos financieros ilícitos de corte digital a través de plataformas descentralizadas. También se ha detectado su implicación en esquemas de financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y lavado de dinero a través de canales virtuales. Esto amplía sus capacidades operativas más allá del terreno físico.
Paralelamente, la corrupción y las economías ilícitas — como el soborno, la extorsión, el fraude, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas o el tráfico de drogas — fortalecen su estructura financiera. Frente a ello, la legislación nacional permanece desfasada: no existe una distinción clara entre terrorismo y crimen organizado, lo que impide un abordaje jurídico eficaz ante una convergencia de amenazas complejas, que también advierte la falta estratégica de comparación técnica, científica y objetiva para establecer la clara diferenciación entre ambos.
Reconocer la funcionalidad terrorista del crimen organizado no implica equipararlos penalmente, sino comprender que ciertos grupos han asumido prácticas y efectos propios del terrorismo, mientras que organizaciones terroristas modernas también han adoptado tácticas logísticas y financieras del crimen organizado. Esta evolución, que puede ser espontánea o estructurada, exige un abordaje técnico renovado y un marco jurídico que distinga, pero no aísle, los riesgos que comparten.

III. Amenazas Híbridas y Economías Ilícitas: Capacidad Bélica, Control Territorial y Poder Expansivo

Los cárteles en México han desarrollado capacidades que trascienden la delincuencia común: operan con tácticas paramilitares, incluyendo el uso de drones armados y explosivos improvisados (bajo un índice exponencialmente creciente de ataques desde el 2010). Para el 2023, fuente abierta señala que en el ámbito de la defensa se han documentado 605 incidentes de uso de drones con explosivos, en estados como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Estas herramientas no solo sirven para intimidar, sino también para disuadir a autoridades y vigilantes y su exponenciación ha ido al alza en la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, las redes delictivas han diversificado y globalizado sus economías ilícitas: del narcotráfico se han expandido hacia otros fenómenos como la extorsión, minería ilegal, criptomonedas, tráfico de hidrocarburos, de migrantes, armas y contrabando, arte y comercio ilegal. México se ha convertido también en un nodo clave de generación de replicas y dupes de bienes que se están introduciendo a la esfera ilícita en las grandes ligas de mercados negros globales, en los cuales se inicia la producción, clonación y distribución de bienes de uso dual, entre ellos, la tecnología, armas y opioides, etc. Se estima que emplean entre 160 000 y 185 000 personas — ello podría considerar la quinta mayor fuerza laboral del país— generando oportunidades laborales disruptivas y corrompidas cultural y socialmente para las nuevas generaciones de jóvenes. Esta convergencia financia un aparato logístico y armado que ya opera como una amenaza híbrida: fuerza violenta, finanzas opacas e influencia territorial y empresarial.

IV. Insurgencia Criminal y Estados Paralelos: Gobernanza de Facto, Dominio Parcial y Poder Paralelo

En localidades como Apatzingán, Guayabitos o La Ruana, entre otros, los cárteles han instaurado un orden paralelo: cobran “derechos”, gestionan servicios, imponen “tribunales” locales, administran el comercio y controlan el acceso a instituciones públicas, o por otro lado infiltran estructuras del Estado o empresas, algo que no resulta exclusivo de México, pero debido a nuestra posición geoestratégica se hace más notorio y relevante. Esta dinámica los convierte en entes de gobernanza alterna, con estructuras paralelas al Estado y a la misma comunidad internacional.
Entidades como el CJNG y la Familia Michoacana, con apoyo de mercenarios extranjeros (exmilitares colombianos o de otras partes del mundo), exhiben capacidades de insurgencia criminal: entrenamiento táctico en campamentos rurales, uso de explosivos y despliegue de emboscadas contra fuerzas federales. Su objetivo no es ideológico, sino territorial, político y económico, pero sus efectos se asemejan a un conflicto irregular: miedo, desplazamiento y control efectivo.
Estos esquemas emergen en zonas urbanas y rurales, donde las instituciones han sido sustituidas. El resultado es una fragmentación de la soberanía nacional: el crimen actúa como Estado paralelo, erosionando el Estado de Derecho y erosionando la cohesión social en regiones estratégicas, tal como lo señala Moisés Naím o Sergio Ramírez, escritores de talla internacional que potencian esta teoría.

V. Riesgos Estratégicos para la Seguridad Nacional: Del Desbordamiento Criminal al Colapso Institucional

El ascenso del crimen organizado como actor híbrido no solo amenaza la seguridad pública: erosiona pilares estructurales de diversas Jurisdicciones. La capacidad de infiltrar gobiernos locales, cooptar funcionarios mediante amenazas, financiar campañas o capturar decisiones políticas en regiones clave, posiciona a estos grupos como agentes de captura institucional progresiva.
La violencia ya no es el único medio. Se ejerce presión y temor social sobre votantes, empresas y actores políticos, lo que genera contextos de “elección condicionada” en municipios bajo control criminal. A nivel económico, cárteles operan dentro de empresas fantasma, fachada o penetradas, como consorcios, constructoras, centros de distribución y hasta sindicatos, como parte de una estrategia de legitimación simulada, lo cual hoy en día han convertido en temor, fundado en las sanciones internacionales y designaciones que podrían vincular a cualquier empresa al terrorismo, bajo relaciones directas e indirectas.
Simultáneamente, han extendido su poder al ciberespacio social y asocial, utilizando redes para intimidar, reclutar o manipular narrativa. El vacío en mecanismos de ciberinteligencia les permite operar sin disuasión, generando un ecosistema donde lo ilícito se normaliza y el Estado disminuye su capacidad de contención. Esta convergencia de elementos posiciona al crimen organizado y terrorismo como un riesgo estratégico global, no solo delictivo.

VI. Recomendaciones Estratégicas: Aportes Técnicos e Innovación Transformadora desde el CNT

Frente a este nuevo paradigma, el Estado requiere no solo leyes o fuerza pública, sino capacidad técnica superior y corresponsal que anticipe y neutralice. El CNT propone un modelo de acción basado en análisis intergal con respaldo estratégico, capaz de traducir inteligencia en política pública operativa.
Entre algunas acciones destacan el:

• Diseño de algoritmos nacionales de alerta temprana para detectar patrones delictivos, financieros, territoriales, narrativos y cibernéticos vinculados a amenazas híbridas.

• Implementación de una coordinación técnicoestratégica de reacción interinstitucional (CTRCNT), con capacidades en ciberinteligencia, análisis geopolítico, psicología del conflicto y procesamiento de datos.

• Protocolos de intervención inteligente en zonas de influencia criminal con modelos predictivos de gobernanza paralela.

• Observatorio nacional de infiltración institucional y manipulación electoral criminal, para mapear estructuras capturadas, anticipar escenarios y emitir alertas operativas en tiempo real.

•  Laboratorio regional contra amenazas híbridas en coordinación con instituciones aliadas de defensa y seguridad iberoamericanas.

• Y un punto muy importante, la integración avanzada del sector público, civil, privado y académico (Espacios Estratégicos de Fusión de Análisis) en la identificación, rastreo, blindaje y reconstrucción institucional. La seguridad ya no puede ser un ejercicio cerrado al sector público: requiere un ecosistema interconectado de capacidades nacionales e internacionales.

El CNT se posiciona como un actor de excelencia analítica, transformador y de corresponsabilidad, señala que las prácticas aisladas podrían ser obsoletas o verse superadas. Se requiere una apertura integral para sumar las capacidades y cooperación de actores estratégicos civiles, privados, públicos e internacionales que, alineados con los objetivos de seguridad nacional e internacional, puedan verdaderamente blindar y fortalecer al Estado ante escenarios criminales y terroristas de alta complejidad.

Gerardo Nóchez (01/Ago/2025), México

Consulte Revista Revista Seguridad y Defensa Campo Marte, Nº 69, pág. 10 a la 12